En los últimos días, la seguridad digital volvió a estar en el centro del debate tras conocerse que casi 13.000 usuarios de la app Mi Argentina fueron víctimas de un hackeo que expuso datos sensibles como DNI, direcciones, correos electrónicos y nacionalidad. Aunque desde el Gobierno se aclaró que no se vulneraron los servidores centrales, sino que se trató de accesos no autorizados a cuentas individuales, el incidente plantea serias preguntas sobre la protección de la identidad digital y la responsabilidad del Estado.

¿Qué es Mi Argentina y por qué es tan sensible?

Mi Argentina es la plataforma oficial que permite a los ciudadanos gestionar documentos como el DNI digital, licencias de conducir, certificados de vacunación, CUIL, entre otros. Es, en esencia, el corazón del perfil digital del ciudadano argentino. Por eso, cualquier filtración de datos desde esta app no solo compromete la privacidad, sino que también puede facilitar fraudes, suplantación de identidad y otros delitos informáticos.

¿Qué se sabe del ataque?

Según informes de empresas de ciberseguridad como Birmingham Cyber Arms LTD, los datos robados ya estarían circulando en foros clandestinos. El ataque no fue dirigido a la infraestructura estatal, sino que se habría producido a través de accesos a dispositivos móviles de los usuarios, posiblemente mediante técnicas de phishing o malware. Esto pone en evidencia la necesidad de fortalecer la educación digital y la autenticación multifactor como barreras mínimas de protección.

Implicancias legales y desafíos para el derecho digital

Desde una perspectiva jurídica, este caso abre múltiples frentes:

– Responsabilidad del Estado: Aunque el Gobierno minimizó el impacto por tratarse de una “muestra pequeña” frente a los más de 20 millones de usuarios, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales exige medidas de seguridad adecuadas para evitar accesos no autorizados. ¿Puede el Estado deslindarse por completo si la app no implementa mecanismos robustos de autenticación?

– Derechos de los usuarios: Las personas afectadas tienen derecho a ser informadas, a solicitar la supresión de sus datos y a iniciar acciones legales si consideran que hubo negligencia en el resguardo de su información.

– Necesidad de reformas: Este incidente refuerza la urgencia de actualizar el marco normativo argentino en materia de ciberseguridad y protección de datos, incorporando estándares internacionales y sanciones más claras ante filtraciones de este tipo.

¿Cómo actuar ante una filtración de datos?

Si sospechás que tus datos podrían haber sido comprometidos o si necesitás asesoramiento sobre cómo proteger tu identidad digital, en nuestro estudio jurídico estamos para ayudarte. Nos especializamos en derecho digital y entendemos los desafíos que plantea la era tecnológica.

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